Prohibición taurina en Cataluña: para el Tribunal Constitucional no es regular
En los últimos años, el frente español por los derechos de los animales ha estado luchando por detener la bárbara tradición de las corridas de toros. A la luz de una encuesta reciente, se descubrió que el la mayoría de los jóvenes españoles se opusieron a este sangriento entretenimiento en el que se escenifica la crueldad hacia un animal.
El líder de este movimiento es la propia Cataluña, la Comunidad Autónoma española que en 2010 había dicho no alla Corrida. Sin embargo, se sabe por los periódicos locales que el Tribunal Constitucional habría cancelado la prohibición esta semana, ya que no sería regular.
Es decir, según el informe de un catedrático de derecho civil de la Universitat de Barcelona, el Parlamento local no tiene competencia en la materia, ya que desde 2013 la tauromaquia está incluida como un «bien cultural» del país. .
Se trata de una decisión que evidentemente no fue acogida favorablemente por el Gobierno de la Comunidad Autónoma que anunció que no quería respetar la sentencia si se confirmaba, recordando que no se tolera la muerte y el maltrato de animales.
Lo mismo PACMA, el Partido Animalista español, listo para la batalla, anunciando una manifestación que se celebrará el viernes 7 de octubre en Barcelona, recordando no solo la vigencia de la decisión sino también la encuesta del Ministerio de Cultura según la cual solo el 6,5% de la población en 2014-2105 participó en una corrida de toros y la 9,5% a un espectáculo tradicional con toros, como la Festa di San Firmino, con el dramático encierro por las estrechas calles de la ciudad, el toro saltar al mar en Denia, en la provincia de Valencia o la fiesta bárbara en la que da fuego a los cuernos del toro., o la práctica llamada «Bou Embolat».
El año pasado, a partir de una investigación, se informó que cada año en España se realizan 3 mil fiestas tradicionales con la matanza de 60 mil animales.
Además de las controversias puramente sobre los derechos de los animales, la sentencia del Tribunal Constitucional podría abrir las puertas a reclamos de indemnización desde 2010 hasta la actualidad.
